El nombramiento de Eduardo Montealegre Lynett como ministro de Justicia, oficializado mediante el decreto 647 del 13 de junio de 2025, ha sido impugnado ante el Consejo de Estado por presunta violación a la Ley de Cuotas de Género. La acción legal, presentada por el ciudadano Juan Manuel López Molina, argumenta que el ingreso de Montealegre redujo la representación femenina en el gabinete nacional al ubicarse en un 47,4 %, por debajo del mínimo legal del 50 % exigido por la Ley 581 de 2000 y su modificación a través de la Ley 2424 de 2024. La demanda solicita la nulidad electoral del decreto, citando violaciones al principio constitucional de igualdad, así como los artículos 13, 40, 43 y 209 de la Carta.
El denunciante explica que, tras la salida de la ministra Ángela María Buitrago, el gabinete quedó con nueve mujeres y diez hombres, lo que representó un 52,6 % de hombres frente a un 47,4 % de mujeres. Además, solicita la adopción de una medida cautelar para suspender provisionalmente los efectos del nombramiento mientras el tribunal define su fallo de fondo.
El precedente más reciente en materia de cuotas es el fallo de septiembre de 2022, cuando el Consejo de Estado anuló el nombramiento del entonces ministro de Defensa, Diego Molano, por incumplir la cuota del 30 % que regía en ese momento. En ese caso, se estableció que cualquier decimal en la cuota de género debe redondearse hacia arriba para garantizar el nivel requerido. Esta misma lógica es la que se aplica en la actual controversia: al exigirse el 50 %, los nueve cargos femeninos no serían suficientes, ya que deberían ser diez.
Más allá del impacto jurídico, el debate tiene implicaciones políticas. Montealegre, exfiscal general y exmagistrado de la Corte Constitucional, llegaba al cargo tras renuncia de Buitrago y asume un rol decisivo en el push gubernamental por convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Su figura se ha vuelto emblemática del pulso institucional entre el Ejecutivo y las altas cortes, señalando una delicada tensión entre la respuesta política del Gobierno y el cumplimiento estricto de la normativa sobre equidad de género.
El Consejo de Estado, en manos de la Sección Quinta y bajo el despacho del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, tiene la tarea de analizar la demanda, decidir si admite la nulidad electoral y si procede o no la medida cautelar. Aún no se ha fijado una fecha para audiencia ni se ha emitido pronunciamiento preliminar.
En este contexto, el Gobierno y el ministro Montealegre podrán presentar sus argumentos en defensa del decreto, pero la decisión de fondo del alto tribunal no solo definirá la continuidad del actual titular de Justicia, sino también establecerá un precedente relevante sobre la aplicación efectiva de la cuota de género en cargos de máximo nivel decisorio. De cara al país, el fallo del Consejo de Estado será clave para fortalecer la institucionalidad y garantizar que la paridad no se quede en letra muerta.
