La defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, negó de manera categórica la existencia de pruebas que permitan sostener un riesgo de fraude electoral como el que ha sugerido el presidente de la República, Gustavo Petro, de cara a las elecciones programadas para 2026. La declaración fue dada en una entrevista concedida a un medio nacional en la que Marín señaló que la entidad a su cargo no cuenta con información objetiva que respalde tales afirmaciones.
Marín enfatizó que la preocupación por el proceso electoral debe ser tratada a través de los canales institucionales correspondientes y con base en evidencia tangible. “No tenemos información que nos lleve a constatar la existencia de ese riesgo”, aseguró la defensora, instando a evitar discursos que generen incertidumbre entre la ciudadanía.
La funcionaria también hizo un llamado al presidente Petro y a otras autoridades para manejar con cautela sus declaraciones públicas sobre posibles irregularidades en el sistema electoral, subrayando que la confianza en los mecanismos institucionales es esencial para mantener la estabilidad democrática. Según Marín, la confianza en instituciones como la Registraduría Nacional del Estado Civil debe prevalecer hasta que cualquier inquietud sea evaluada con rigor técnico por las entidades competentes.
Este pronunciamiento llega en un contexto en el que Petro ha reiterado sus advertencias sobre un supuesto riesgo de fraude en el proceso electoral, generando debate público y respuestas desde otros órganos del Estado. Recientemente, tanto la Registraduría como el Procurador General han señalado que no se han encontrado evidencias que soporten acusaciones generalizadas sobre fraude en las próximas votaciones.
La negativa de la Defensoría del Pueblo se suma a estas posiciones técnicas y refleja una divergencia en la percepción del riesgo electoral dentro de los altos cargos del Estado. Analistas políticos han señalado que la discusión pública sobre la integridad del sistema de votación podría tener impactos en la confianza ciudadana si no se gestiona con información verificable y respuestas institucionales claras.
En sus declaraciones, Marín también mencionó otras preocupaciones de la Defensoría, relacionadas con la seguridad en regiones afectadas por la presencia de grupos armados, aunque enfatizó que esos riesgos no se traducen en una evidencia de fraude electoral. La funcionaria instó a que cualquier denuncia o inquietud sea presentada ante los órganos jurisdiccionales competentes para su investigación formal.
La postura oficial de la Defensoría del Pueblo en este tema genera un contraste con los señalamientos emitidos por Petro en los últimos días y plantea un nuevo foco de atención sobre la manera en que las autoridades responden a inquietudes sobre la transparencia de los procesos electorales en Colombia.
