El paro armado decretado por las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván “Mordisco” en el Guaviare golpea nuevamente a las comunidades rurales, sumiendo a miles en el confinamiento y activando la alerta de la Defensoría del Pueblo. La defensora, Iris Marín, confirmó que las ordenes de paralización de actividades y movilización han provocado una situación de “paro armado” en varias zonas del departamento, obligando al cierre de vías, negocios y escuelas.
La medida, impuesta desde el 16 de junio y hasta el 21 de junio, afecta principalmente a veredas y municipios como San José, Calamar, Miraflores y El Retorno, donde cerca de 30 000 personas viven bajo el temor de represalias, según el gobernador Yeison Rojas. La orden incluyó restricciones nocturnas estrictas, suspensión del transporte rural y prohibiciones para transitar cerca de puestos militares o policiales.
Pese al despliegue de tropas por parte de la Procuraduría y el Ejército para reforzar la seguridad en los núcleos urbanos, las zonas rurales continúan bajo el control informal de los grupos armados, lo que ha paralizado la producción, las actividades escolares y el comercio local. El gobernador ha alertado sobre una “crisis humanitaria” y ha solicitado el apoyo del Gobierno para habilitar corredores humanitarios que permitan garantizar movilidad segura y acceso a servicios básicos.
La Defensoría del Pueblo también ha advertido sobre la intensificación de amenazas, reclutamiento de menores y enfrentamientos internos entre facciones rivales, lo que agrava la dinámica de violencia en la región. La tensión entre el bloque Amazonas (Mordisco) y el EMBF (Calarcá) añade un riesgo de confrontación directa con consecuencias letales para la población civil.
Esta situación crítica demanda una respuesta coordinada que combine presencia de fuerza pública con apoyo humanitario. Si bien las fuerzas militares han reforzado la protección urbana, los confinamientos rurales requieren intervenciones más complejas, que incluyan atención en salud, educación y abastecimiento. La atención internacional también ha sido solicitada ante la magnitud del desplazamiento interno, la pérdida de medios de vida y el impacto emocional en la población afectada .
Este paro armado en Guaviare representa un desafío urgente para el Estado colombiano, cuya capacidad para proteger a su población rural se pone a prueba ante el riesgo latente de escalada violenta y desmantelamiento del tejido comunitario. La respuesta efectiva, organizada y oportuna será determinante para mitigar una crisis humanitaria que ya deja huellas profundas en los habitantes del corazón de la Amazonía.
