La defensa legal del senador Miguel Uribe Turbay, liderada por el abogado Víctor Mosquera, presentó una denuncia penal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en contra del presidente Gustavo Petro por presunto hostigamiento a través de redes sociales. Según el abogado, el mandatario habría publicado más de 43 trinos en X (antiguo Twitter) que generaron un “ambiente hostil, discriminatorio y de odio” en contra del senador y aspirante presidencial, lo cual, afirma, podría haber influido indirectamente en el atentado del pasado 7 de junio, cuando Uribe Turbay fue gravemente herido durante una actividad política. Mosquera aclaró que no se establece una relación directa entre los trinos y el ataque, pero sí advierte que estos habrían contribuido a un clima de polarización. Agregó que los señalamientos “afectarían directamente la integridad política del congresista y el ejercicio de la oposición”.
La denuncia solicita que se investigue si existe responsabilidad penal del presidente por estas manifestaciones públicas. La presentación se hace en un contexto de alta polarización política, en el que el discurso del mandatario ha sido calificado por algunos sectores como agresivo, especialmente en momentos de fuertes tensiones institucionales. La Comisión de Acusaciones debe ahora analizar si procede abrir un proceso formal contra el jefe de Estado, sin que hasta el momento se conozca una respuesta oficial por parte de la Presidencia o de esa misma instancia legislativa.
La relevancia de esta denuncia trasciende el caso individual, pues plantea un debate jurídico sobre los límites del discurso de un presidente, así como su impacto en la estabilidad democrática. De ser admitida, la acusación abriría paso a un procedimiento que podría culminar en un juicio político o incluso en sanciones legales, dependiendo de los hallazgos de la investigación. En el fondo de la controversia está la exigencia de un ambiente político donde la libertad de expresión institucional no se convierta en un instrumento de estigmatización o un acicate para la violencia.
En tanto, el país espera que la Comisión actúe con celeridad y transparencia para salvaguardar la justicia y la estabilidad institucional. Este caso, ligado al reciente atentado contra Uribe Turbay, obliga a reflexionar sobre la responsabilidad que tienen las autoridades al expresarse en plataformas digitales, y cómo estas intervenciones pueden incidir en la percepción pública o incluso en la seguridad de quienes desempeñan funciones públicas.
