La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia inició una indagación preliminar en contra del presidente del Senado, Efraín Cepeda, tras una denuncia que lo vincula con presuntas irregularidades en la sesión del 14 de mayo, cuando la plenaria rechazó la consulta popular impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. El magistrado César Augusto Reyes asumió el caso y ordenó la recolección de pruebas y testimonios para determinar si Cepeda incurrió en conductas penalmente relevantes.
Según la denuncia, Cepeda habría cerrado la votación de forma anticipada y permitido que un senador, Edgar Díaz, cambiara su voto luego del cierre oficial del proceso, lo que podría constituir delitos como perturbación del certamen democrático, abuso de autoridad y prevaricato. La votación concluyó con 49 senadores votando en contra y 47 a favor, lo que impidió la convocatoria de la consulta; esta decisión fue posteriormente suspendida por el Consejo de Estado. Cepeda ha insistido en que su actuación fue legítima y ajustada a la ley, mientras sectores del Gobierno sostienen que se trató de una maniobra irregular para bloquear un mecanismo de participación ciudadana.
La investigación busca esclarecer si la sesión fue manipulada con el fin de impedir el avance de la consulta popular, cuyo objetivo era someter al escrutinio público diversos temas laborales promovidos por Petro. El magistrado Reyes ordenó prácticas urgentes como la recolección de videos, audios, testimonios de senadores y documentos de la sesión. Cepeda también fue citado para rendir versión libre sobre lo ocurrido.
Este caso se enmarca en una creciente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han declarado la improcedencia del decreto de Petro para convocar la consulta sin el aval del Senado, lo que profundizó la polarización institucional. Además, la iglesia católica intentó mediar el conflicto entre Petro y Cepeda, pero la situación persiste sin resolución clara.
La indagación preliminar no implica culpabilidad, pero representa un duro escrutinio político y jurídico a la gestión de Cepeda como presidente del Senado. El desenlace dependerá de la solidez de las pruebas que en los próximos días entreguen diputados, testigos y el propio Senado. La Corte Suprema determinará en su momento si existen méritos suficientes para procesar penalmente al senador conservador, en un caso que podría sentar un precedente sobre los límites de la separación de poderes y el control de procedimientos legislativos.
