El Consejo de Estado suspendió la Directiva Presidencial 11 de 2024, una de las apuestas más polémicas del Gobierno de Gustavo Petro en materia de comunicación institucional. La medida obligaba a las entidades estatales a destinar el 33 % de su pauta oficial a medios alternativos y comunitarios. Sin embargo, la alta corte determinó que dicha disposición vulneraba principios de igualdad y de contratación estatal, declarando la nulidad de los apartados cuestionados.
La decisión judicial fue emitida el jueves 21 de agosto y representa un duro revés para el presidente. La directiva había sido presentada como un paso histórico hacia la democratización de la información, pero fue demandada por la Fundación para el Estado de Derecho, que advirtió que el Ejecutivo no tenía competencia legal para fijar porcentajes obligatorios en la distribución de la pauta oficial.
El Consejo de Estado coincidió con estos argumentos, señalando que la directiva podía afectar la libre competencia y desconocer la planeación contractual, lo que ponía en riesgo la transparencia en el uso de los recursos públicos. Por ello, la sala de lo contencioso administrativo decidió suspender provisionalmente la medida mientras se resuelve la demanda de fondo.
La Fundación para el Estado de Derecho celebró la suspensión al advertir que la pauta oficial, en lugar de fortalecer a medios comunitarios, venía siendo utilizada para financiar encuentros con influenciadores y agendas comunicacionales coyunturales, lo que generaba dudas sobre la eficacia y el verdadero propósito de la política impulsada por la Casa de Nariño.
El presidente Gustavo Petro reaccionó de inmediato a través de su cuenta en X. Fiel a su estilo, el mandatario calificó la decisión como “un abuso” y aseguró que el fallo iba en contravía de la libertad de prensa y del derecho de las comunidades a acceder a una información plural. Sus palabras reavivaron la controversia sobre el papel del Estado en la financiación de medios de comunicación.
Este episodio se suma a las dificultades políticas y jurídicas que enfrenta el Gobierno en un año clave para la consolidación de su proyecto. La suspensión de la directiva no solo frena una de sus banderas en materia de comunicación, sino que abre un debate sobre los límites de las facultades presidenciales y el uso de los recursos públicos para fortalecer el pluralismo informativo.
