El Consejo de Estado determinó que la sanción disciplinaria impuesta al senador Álex Flórez es ajustada a la legalidad, al confirmar que se cumplieron los requisitos del debido proceso y que la conducta del congresista constituyó una falta grave.
La decisión fue adoptada por la Sala Dos Especial de Decisión del alto tribunal, que avaló la sanción de suspensión e inhabilidad especial por seis meses impuesta previamente por la Procuraduría General de la Nación. Según el fallo, la medida es proporcional y responde a la gravedad de los hechos investigados.
El caso se remonta a la madrugada del 2 de septiembre de 2022, cuando el senador protagonizó un altercado con miembros de la Policía en un hotel de Cartagena. Durante ese episodio, Flórez profirió expresiones injuriosas y calumniosas contra los uniformados, a quienes acusó de delitos graves sin presentar pruebas.
El Consejo de Estado concluyó que el congresista actuó de manera consciente y reiterada, descartando argumentos de la defensa relacionados con una posible inimputabilidad por estado de embriaguez. El tribunal estableció que, pese a su condición, el senador mantenía capacidad de comprensión y control sobre sus actos.
En su análisis, la corporación también señaló que la conducta afectó la imagen de la función pública y vulneró los estándares éticos exigidos a los servidores públicos, al utilizar su investidura para lanzar acusaciones sin fundamento contra miembros de la fuerza pública.
El fallo de aproximadamente 46 páginas ratificó que la falta disciplinaria fue cometida con dolo y que existían suficientes pruebas, entre ellas videos y testimonios, que evidencian el comportamiento del senador durante el incidente.
Aunque la sanción inicial había sido de ocho meses, esta fue reducida a seis meses en instancias previas, una duración que el Consejo de Estado consideró razonable frente al impacto social del caso y la amplia difusión pública de los hechos.
Tras conocerse la decisión, el senador Álex Flórez se pronunció señalando que en otros procesos judiciales ha logrado demostrar su inocencia, mientras el fallo del Consejo de Estado se limita a revisar la legalidad del acto administrativo disciplinario.
Con esta determinación, el alto tribunal deja en firme la sanción y cierra uno de los capítulos judiciales derivados de un episodio que generó amplio debate sobre el comportamiento de los funcionarios públicos y los límites del ejercicio de su investidura.
