El Consejo de Estado de Colombia confirmó en segunda instancia que el nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad vulneró la norma de paridad de género. Según el fallo, con esa designación se redujo la participación femenina en el gabinete presidencial por debajo del 50 %, lo cual contraviene la ley de cuotas.
El tribunal ratificó así un fallo previo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en septiembre había anulado el nombramiento de Florián. A pesar de esa decisión, el Gobierno emitió un nuevo decreto para mantenerlo en el cargo, lo que generó un nuevo debate jurídico y político.
La Sección Quinta del Consejo de Estado determinó que, al identificarse Florián como persona de “género fluido”, su designación no puede ser contabilizada dentro del porcentaje de mujeres exigido por la ley. La ley en cuestión fue creada para garantizar la participación femenina en espacios decisorios del Estado, basándose en criterios biológicos y jurídicos vinculados al sexo femenino.
El fallo deja en firme la nulidad del nombramiento de Florián y subraya que la Presidencia de la República violó el principio de paridad establecido en la legislación colombiana.
En su pronunciamiento, el Consejo de Estado consideró que la configuración del gabinete al momento del nombramiento presentaba 9 mujeres y 10 hombres en un total de 19 carteras, lo que representa una participación femenina del 47,37 %, claramente inferior al umbral legal del 50 %. El Gobierno había afirmado que existían nueve mujeres, nueve hombres y una persona de género fluido —Florián— y por tanto cumplía los requisitos, pero esa interpretación no fue aceptada por la Sala de la Sección Quinta.
La Defensoría del Pueblo también había advertido previamente que, tras el nombramiento, el gabinete no cumplía con la ley de cuotas. En su comunicado, señaló que “la permanencia en el cargo de una persona nombrada en abierta contravención a la cuota de género priva a las mujeres de ocupar un espacio que por ley les corresponde”.
La resolución tiene implicaciones prácticas para la conformación del gabinete y futuros nombramientos en altos cargos del Estado. Los órganos de control y los entes gubernamentales deberán ajustar sus criterios de verificación para asegurar el cumplimiento efectivo de la norma. Asimismo, plantea un reto político al Gobierno para reajustar su equipo ministerial en conformidad con la paridad establecida.
