El Consejo de Estado admitió la demanda presentada por el abogado Samuel Alejandro Ortiz contra el acuerdo del 6 de agosto mediante el cual el Consejo Superior de la Judicatura ordenó crear cargos transitorios de magistrados adjuntos en el Tribunal Superior de Bogotá. La decisión permite al máximo tribunal contencioso revisar si esa medida, adoptada para agilizar la apelación del expresidente Álvaro Uribe Vélez al fallo que lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal. se ajusta al ordenamiento jurídico o si debe ser anulada. Según la notificación, la demanda cumple con los requisitos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y fue admitida “en ejercicio del medio de control de nulidad”.
La Judicatura había designado la creación de tres magistrados adjuntos para descongestionar los despachos 004, 011 y 013 de la Sala Penal del Tribunal Superior, encargada de revisar la apelación del exmandatario. La medida se tomó ante el riesgo de que el caso prescribiera en octubre de 2025 y porque el voluminoso expediente requería atención exclusiva. Sin embargo, el demandante argumenta que el acuerdo podría vulnerar principios como la igualdad y solicitó su suspensión provisional. La admisión de la demanda fue notificada al Consejo Superior de la Judicatura, a la Procuraduría y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que tendrán 30 días para responder y presentar pruebas.
El caso contra Uribe se originó en el fallo emitido por la jueza Sandra Heredia el 28 de julio, en el que lo declaró responsable de ser el “arquitecto” de una red de manipulación de testigos que buscaba desvirtuar versiones que lo vinculaban con grupos paramilitares en Antioquia. La condena impuso al exsenador 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno y fraude procesal. El 13 de agosto, Uribe y sus abogados apelaron la sentencia, alegando errores de la jueza y calificándola de decisión política. Para estudiar esa apelación se crearon los cargos transitorios ahora cuestionados.
El 25 de agosto, Uribe renunció voluntariamente a la prescripción de la acción penal, lo que eliminó el afán por decidir antes de octubre y permite que la Sala Penal cuente con hasta dos años para resolver la segunda instancia. Esa renuncia, sumada a la admisión de la demanda, deja en suspenso la eficacia del acuerdo que habilitó magistrados adjuntos. Mientras tanto, los magistrados titulares —Alexandra Ossa Sánchez, Leonor Oviedo Pinto y Manuel Antonio Merchán— siguen revisando el expediente sin el apoyo de los juristas designados.
La decisión del Consejo de Estado no suspende automáticamente la creación de los cargos, pero abre la puerta a que se dicten medidas cautelares mientras se estudia el fondo del asunto. De mantenerse la medida, los magistrados adjuntos podrían asumir procesos ordinarios para que los titulares se dediquen de lleno al caso Uribe. Si se anula, la Sala Penal tendrá que gestionar la carga laboral sin ese refuerzo. La controversia pone de relieve la tensión entre la necesidad de celeridad en un proceso de alto impacto político y la obligación de respetar las normas que rigen la administración de justicia.
Con Uribe en libertad provisional mientras se decide la apelación, la resolución del Consejo de Estado podría incidir en los tiempos y en la composición del tribunal que revisará su condena. El caso se suma a las diversas acciones judiciales que rodean al expresidente y que han marcado la agenda política y judicial en Colombia.
