El representante y candidato al senado Andrés Forero y otros sectores presentaron demandas ante el Consejo de Estado para solicitar la suspensión provisional del decreto expedido por el Gobierno Nacional que permitiría el traslado masivo de afiliados a la Nueva EPS. La acción judicial busca frenar la aplicación de la norma mientras el alto tribunal analiza su legalidad y sus posibles efectos sobre el sistema de salud colombiano.
El decreto 0182 de 2026, firmado por el Ministerio de Salud, modifica las reglas del aseguramiento bajo un enfoque territorial y poblacional, lo que implica redistribuir afiliados entre las entidades promotoras de salud según su capacidad operativa en cada región. Esta medida podría obligar a la reasignación de millones de usuarios desde EPS como Sura y Sanitas hacia otras entidades, especialmente la Nueva EPS.
El congresista Andrés Forero solicitó formalmente al Consejo de Estado suspender el decreto y anunció acciones judiciales adicionales, al considerar que la medida podría afectar la estabilidad del sistema y el acceso oportuno a los servicios de salud. También pidió abrir un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al señalar que la decisión desconoce procesos y controles institucionales.
De acuerdo con estimaciones del gremio de las EPS, el decreto podría provocar el traslado de aproximadamente 2,6 millones de afiliados adicionales a la Nueva EPS, lo que representaría un aumento superior al 22 % en su base de usuarios. Esta entidad ya cuenta con más de 11,5 millones de afiliados, lo que la convertiría en el principal operador del sistema de aseguramiento en el país.
Organizaciones del sector salud han advertido que el traslado masivo podría generar dificultades operativas y afectar la prestación de servicios, especialmente en entidades que enfrentan problemas financieros o limitaciones en su red de atención. El decreto establece que las EPS que no cumplan con ciertos requisitos de cobertura territorial deberán salir de algunos municipios, lo que obligaría al Estado a reasignar sus afiliados a otras aseguradoras.
La medida se produce en medio de la crisis estructural del sistema de salud y de la decisión del Gobierno nacional de fortalecer el papel de la Nueva EPS, incluso con la intención de convertirla en una entidad de carácter público y destinar recursos para el pago de sus deudas con hospitales y proveedores.
El Consejo de Estado deberá evaluar las demandas presentadas y decidir si concede la suspensión provisional del decreto mientras avanza el estudio de fondo. La decisión será clave para definir el futuro inmediato de millones de usuarios del sistema de salud y el rumbo de la reorganización impulsada por el Gobierno nacional.
