El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha vuelto a ser el centro del debate público tras la difusión de un video en sus redes sociales en el que plantea serias objeciones al funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP). En el video, Uribe denuncia que oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia están siendo presionados para «confesar delitos que no cometieron» bajo la amenaza de condenas de prisión. Esta declaración reaviva la controversia sobre el tribunal de paz, creado como parte del acuerdo que puso fin al conflicto armado con las FARC, y subraya las tensiones persistentes entre la justicia transicional y los sectores que han sido críticos con su implementación.
Uribe no solo critica el presunto método de presión que, según él, utiliza el tribunal, sino que también formula peticiones concretas. El exmandatario insta a no extender el período de la JEP y sugiere que las condenas impuestas a militares por delitos cometidos antes de 2016 sean revisadas. Además, propone una limitación en la duración de las penas de cárcel para estos casos, sugiriendo un máximo de cinco años. Estas propuestas resuenan con su postura histórica de escepticismo hacia los acuerdos de paz y la JEP, un tribunal que busca equilibrar la justicia con la verdad y la reparación a las víctimas.
El exjefe de Estado también se refirió a los “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate. En el video, Uribe afirma que durante su presidencia tomó acciones inmediatas, sin dilaciones, para atender las denuncias. En particular, recordó la noche de octubre de 2008 en que el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, le informó de 27 altos mandos militares que podrían estar implicados. Según Uribe, al día siguiente, sin dilación, anunció la desvinculación de estos oficiales de las Fuerzas Armadas, una decisión que, a su juicio, demostró su compromiso con la transparencia.
Las declaraciones de Uribe se producen en un momento en que la JEP avanza en la investigación de casos complejos, incluido el de los «falsos positivos», que ha arrojado cifras alarmantes y testimonios desgarradores. La defensa de los militares por parte de Uribe y su señalamiento de presiones por parte del tribunal podría interpretarse como una manera de defender la honra de las fuerzas militares y poner en tela de juicio el trabajo del tribunal.
El exmandatario también ha manifestado que, si bien hubo «falsos positivos», también ha habido «muchas falsas denuncias» que buscan desacreditar a las Fuerzas Armadas. Con estas declaraciones, Uribe complejiza el debate y sugiere que no todas las acusaciones contra los militares son legítimas. Este tipo de afirmaciones busca generar un debate sobre la veracidad de las denuncias y el papel de la JEP en la diferenciación de acusaciones reales y falsas.
