La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), representada por su presidente ejecutivo Rodolfo Correa, advirtió en una entrevista con Caracol Radio que la reciente reforma laboral, aprobada sin distinciones por tamaño empresarial, generará consecuencias graves para ese sector económico. Correa señaló que la medida fue recibida «como un balde de agua fría», pues el texto obliga a las microempresas a asumir las mismas cargas laborales diseñadas para compañías con mayor capacidad financiera.
Durante la conversación, el líder gremial enfatizó que las nuevas exigencias elevarán de manera significativa los costos de producción, obligando a las MiPymes a tomar decisiones drásticas. «Vamos a ver despidos de personal, un aumento en la informalidad y, sin duda, el cierre de muchas micro y pequeñas empresas», afirmó, advirtiendo un posible desmantelamiento del tejido empresarial y la recuperación económica.
Según Correa, la reforma incorpora recargos nocturnos, dominicales y mayores prestaciones que, sin una discriminación adecuada, impactarán con crudeza en sectores con estrecho margen operacional como el comercio minorista, la gastronomía, los servicios y el sector hotelero. El presidente de ACOPI criticó la ausencia de mecanismos progresivos o transitorios: «En Colombia hacer empresa es una labor de héroes», subrayó.
Este llamado de alerta se suma a advertencias emitidas por otros gremios, que también han señalado el riesgo latente de aumento en la informalidad y pérdidas de empleo formal. Correa detalló que las microempresas generan cerca del 72 % del empleo formal en Colombia, pero enfrentan condiciones de capital reducidas, limitada capacidad de inversión y vulnerabilidad financiera, lo que los hace particularmente sensibles al impacto de las cargas impuestas por la reforma.
El análisis de ACOPI resalta la contradicción de una reforma que busca formalizar al sector informal, pero que podría provocar una ola de informalidad al obligar a pequeñas unidades productivas a cerrar o despedir personal. La petición gremial es clara: se necesita un tratamiento diferenciado y gradual para las microempresas que reconozca su fragilidad y su función central en la economía.
Queda por verse si el Congreso y el Gobierno introducen ajustes en el articulado durante el periodo de conciliación o en su implementación efectiva. El desafío será equilibrar la protección de derechos laborales con la viabilidad de empresas con recursos limitados. En ese equilibrio se encuentra la llave para sostener el empleo formal y evitar un retroceso económico que repercutiría en miles de familias colombianas.
