La Fiscalía General de la Nación habría recibido, el 26 de mayo de 2025, información detallada sobre un plan criminal para asesinar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, sin tomar acción para alertar a la Policía o a su esquema de seguridad. La información fue entregada por un recluso de alto perfil en la cárcel de Itagüí y alcanzaba a varias figuras políticas, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe Vélez y otros precandidatos del Centro Democrático.
Según la fuente, la alerta incluyó detalles como la participación de guerrillas disidentes —la Segunda Marquetalia— y el ofrecimiento de una recompensa millonaria para concretar los asesinatos. Pese a esta advertencia, la Fiscalía no activó ningún protocolo de reacción inmediata. Incluso, el 3 de junio, desde Montería, se habría emitido otra alerta que tampoco recibió respuesta adecuada.
El atentado ocurrió el 7 de junio de 2025, cuando durante un mitin político en el barrio Modelia de Bogotá, Uribe Turbay fue atacado por un adolescente de entre 14 y 15 años, resultando gravemente herido. Fue trasladado inicialmente a un centro médico local y luego a la Fundación Santa Fe, donde enfrentó varias cirugías. Finalmente, falleció a causa de una hemorragia en el sistema nervioso central el 11 de agosto de 2025.
La omisión en inscribir la alerta en un proceso preventivo ha despertado una ola de críticas por la presunta negligencia institucional. La concejala Claudia Carrasquilla manifestó que esta omisión, que pudo salvar la vida del senador, constituye “una negligencia gravísima” y solicitó la renuncia de la directora seccional de fiscalías en Medellín.
La Fiscalía, por su parte, ha indicado que quienes participaron en la planificación y ejecución del magnicidio ya están siendo judicializados, aunque no ha explicado por qué se omitió alertar a las autoridades de protección.
