El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció que el Gobierno Nacional concentrará sus esfuerzos durante el último año de mandato en desarticular estructuras criminales como parte fundamental de la estrategia de Paz Total. Según cifras oficiales, cerca de 30 000 personas formarían parte de estas organizaciones al margen de la ley, una de las principales amenazas para la seguridad y la consolidación de la paz en el país.
Para lograrlo, el plan contempla el fortalecimiento de operativos de inteligencia, la coordinación de acciones judiciales y mecanismos de acercamiento con grupos que manifiesten voluntad de someterse a la justicia. Montealegre enfatizó que no se trata de un proceso de impunidad, sino de un enfoque equilibrado que armoniza la firmeza del Estado con el derecho de las víctimas a verdad y reparación.
Esta ofensiva legal e institucional se enmarca en la ley de Paz Total impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, que busca sumar actores armados y criminales al proceso de sometimiento mediante beneficios judiciales, siempre y cuando cumplan condiciones estrictas, como entrega de armas, revelación de estructuras y reparación a víctimas. La iniciativa fue formalmente radicada ante el Congreso el pasado 20 de julio con el propósito de tramitarla en el último periodo legislativo.
Aunque la apuesta incluye rebajas de penas, el proyecto ha suscitado críticas desde diversos sectores. La Corte Suprema cuestionó la falta de discusión previa, mientras que el expresidente Juan Manuel Santos y negociadores del acuerdo con las FARC advirtieron que no se puede aplicar justicia transicional a grupos criminales sin motivación política. Además, voces analíticas han planteado inquietudes sobre posible impunidad disfrazada y el debilitamiento del sistema judicial.
Montealegre, jurista de amplia trayectoria —exmagistrado de la Corte Constitucional y fiscal general, con formación doctoral—, se ha consolidado como pieza clave en la estrategia legal del gobierno. Destaca su claridad en posicionar el sometimiento como una medida pragmática para restaurar el orden público y debilitar al narcotráfico desde el Estado de derecho.
Con esta ofensiva final, el Ejecutivo busca cerrar con un impulso contundente el periodo presidencial, apostando a la debilitación de estos grupos antes del cambio de gobierno. La concreción de objetivos como la desarticulación de redes criminales, la judicialización efectiva y la involucración de las víctimas serán determinantes para definir si esta etapa deja huella positiva en la historia democrática del país.
