En una alocución presidencial del domingo 15 de febrero de 2026, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión del Consejo de Estado que ordenó al Gobierno expedir un nuevo decreto transitorio para fijar el salario mínimo de este año, luego de la suspensión provisional del acto administrativo original.
El mandatario explicó que, aunque el alto tribunal otorgó un plazo de ocho días para la expedición del nuevo decreto, será necesario emplear “más tiempo para sustentar jurídicamente” por qué el principio de prevalencia constitucional debe ser incorporado en el nuevo acto administrativo, pues —según su interpretación— ese principio no fue tenido en cuenta en el auto de suspensión.
Petro señaló que esta disposición obedece tanto a mandatos de la Constitución como de la Corte Constitucional y que será tenida en cuenta en el decreto transitorio mientras se adopta una decisión de fondo en el proceso judicial iniciado por la medida cautelar. En ese sentido, afirmó que el concepto de “salario vital” se mantendrá vigente hasta que se expida el nuevo decreto, el cual, precisó, será ratificado con base en estudios técnicos actualizados.
El presidente hizo énfasis en que el salario vital —entendido por su administración como el ingreso mínimo que permite cubrir las necesidades básicas de una familia— seguirá siendo el referente en el nuevo texto transitorio, aun cuando el alto tribunal haya cuestionado la motivación técnica de la norma original. Esta defensa del concepto se da en medio de un fuerte debate público y político tras la suspensión del decreto que incrementó el salario mínimo en más de 23 % para 2026.
La alocución se produjo en la víspera de una reunión convocada entre el Ministerio del Trabajo y la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, prevista para el lunes 16 de febrero a las 10:00 a.m., con el objetivo de buscar un acuerdo entre empleadores, trabajadores y Gobierno para sustentar el nuevo decreto.
El Consejo de Estado había adoptado la suspensión provisional tras recibir múltiples demandas contra el decreto inicial, bajo el argumento de que la norma no incluyó de manera adecuada criterios técnicos obligatorios como inflación y productividad, establecidos en la legislación laboral colombiana. Mientras se define un nuevo acto administrativo, el salario vigente sigue siendo exigible y aplicable en el país.
