El exministro de Educación y exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro, Alejandro Gaviria, calificó a la actual administración como “el gobierno más corrupto de la historia reciente de Colombia” en un mensaje difundido este fin de semana a través de su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter. La declaración se da en medio de múltiples escándalos de presunta corrupción que han protagonizado altos funcionarios y cercanos al Ejecutivo.
Gaviria expresó que “cada día aflora un nuevo escándalo” y situó su crítica en la aparente acumulación de investigaciones, imputaciones y cuestionamientos públicos sobre el manejo de recursos y prácticas de funcionarios, lo que, según él, deteriora la confianza ciudadana en la gestión gubernamental. Su pronunciamiento fue compartido ampliamente en redes y retomado por diversos medios nacionales.
Su comentario se produce en un contexto en el que Colombia ha retrocedido en el Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, ubicándose en el puesto 99 de 182 países evaluados y marcando el segundo descenso consecutivo en los últimos años, según datos recientes. Ese informe atribuye parte del retroceso a casos de contrataciones opacas, debilidades institucionales y falta de transparencia en la gestión pública.
Los señalamientos de Gaviria no incluyen detalles específicos de nuevos casos, pero su mensaje menciona que “cada día” surge una nueva denuncia, en alusión implícita a procesos en curso como la imputación penal anunciada por la Fiscalía contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presuntas irregularidades en la campaña presidencial de 2022 y tráfico de influencias, que ha generado amplia cobertura y debate dentro y fuera de Colombia.
El exministro, que fue miembro del gabinete durante la administración anterior, ha sido crítico en ocasiones anteriores de decisiones y prácticas del Ejecutivo, aunque esta es una de sus declaraciones más directas y duras al referirse al conjunto de la gestión gubernamental en términos de corrupción. La declaración ocurre en un momento de intensificación del debate público sobre la transparencia y el fortalecimiento institucional en el país.
Organizaciones civiles y expertos en política han señalado que la percepción de corrupción es un tema sensible en Colombia, con impacto en la confianza en las instituciones y en el comportamiento electoral, especialmente de cara a las próximas competencias electorales generales. El propio índice global subraya que fenómenos como clientelismo, baja independencia judicial o mecanismos de control insuficientes tienden a influir en la evaluación ciudadana sobre integridad del sector público.
