El sistema de salud colombiano enfrenta una de sus semanas más críticas tras el anuncio del presidente Gustavo Petro, quien puso sobre la mesa la posibilidad de liquidar las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que actualmente se encuentran bajo intervención estatal. Durante un consejo de ministros realizado el pasado lunes, el mandatario calificó la continuidad de estas aseguradoras como insostenible financieramente, argumentando que mantenerlas operativas bajo las condiciones actuales representa un «barril sin fondo» para el erario público.
La drástica postura del Jefe de Estado surge como respuesta a un reciente concepto del Consejo de Estado, el cual autorizó el uso de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) —dinero destinado a la atención actual de los pacientes— para saldar deudas de vigencias anteriores. Para el Gobierno Nacional, esta interpretación jurídica «descuadra todo el sistema», pues implica desviar los fondos de la salud de los colombianos para cubrir pasivos históricos en lugar de garantizar los tratamientos y servicios del presente. «Es mejor liquidar que tenerlas, dado que al tenerlas pagan es el pasado y no el presente», sentenció Petro.
El impacto de una eventual liquidación masiva sería monumental. Las entidades bajo vigilancia especial, entre las que figuran gigantes como Nueva EPS, Famisanar, Sanitas, Savia Salud, Asmet Salud, SOS y Emssanar, agrupan a cerca de 23 millones de afiliados, casi la mitad de la población del país. Expertos del sector y gremios médicos han encendido las alarmas advirtiendo sobre un posible «efecto dominó» que podría colapsar la red de prestación de servicios, ya que actualmente no existe una capacidad instalada clara ni un plan de contingencia robusto para trasladar y atender a tal volumen de usuarios sin generar una emergencia sanitaria.
La situación financiera de estas entidades es el eje central del debate. Según cifras de organismos de control y agremiaciones como ‘Así Vamos en Salud’, las deudas acumuladas por el sistema superan los 29 billones de pesos, con una concentración de pasivos del 74% en las aseguradoras intervenidas. Gerentes de hospitales públicos, como el del Hospital San Rafael de Itagüí, han denunciado que la falta de giros tiene al borde del cierre a múltiples centros asistenciales, donde el personal médico acumula meses sin salario y los insumos básicos escasean, agudizando la crisis de atención en las regiones.
Desde la oposición y sectores técnicos, la propuesta ha sido calificada de «temeraria» e incluso «criminal». Críticos señalan que la liquidación no borra las deudas, sino que traslada el problema de manera desordenada, poniendo en riesgo la vida de pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo. Mientras tanto, el Ministerio de Salud ha matizado las declaraciones presidenciales, indicando que aunque se evalúan «cambios de fondo», aún se buscan alternativas para evitar un apagón generalizado del aseguramiento en Colombia.
