Durante el pasado fin de semana, la zona rural del municipio de Andes, en el suroeste de Antioquia, registró dos homicidios en el corregimiento La Chaparrala, que alarmaron a la comunidad y fueron puestos en investigación por la Fiscalía General de la Nación.
El primer hecho fue notificado hacia las 10:50 a. m. del domingo 26 de octubre, en el sector conocido como “La Piedra”, ubicado a aproximadamente 35 minutos del casco urbano. En el sitio, el equipo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) halló una cabeza humana con heridas atribuibles a arma de fuego y arma corto-contundente. No se logró hasta el momento localizar el resto del cuerpo.
Horas más tarde, a las 2:10 p. m., en la vereda El Líbano —también del corregimiento La Chaparrala— se descubrió el cuerpo sin vida de un hombre con signos de violencia y una decapitación parcial, que según testigos se habría consumado durante la noche del sábado.
Ambos casos quedaron bajo la jurisdicción de la Fiscalía Seccional 112, que lidera las diligencias para esclarecer autores, móviles y los vínculos entre las víctimas y grupos criminales que operan en el territorio.
Con estos hechos, la cifra de homicidios en Andes asciende a 58 víctimas en lo que va del año 2025, lo que representa un nuevo récord para el municipio. De ese total, 48 se han registrado en la zona rural, especialmente en áreas limítrofes con los departamentos de Caldas, Risaralda y Chocó, mientras que los otros 10 ocurrieron en la zona urbana.
La escalada de violencia en Andres se relaciona con disputas entre estructuras criminales por control territorial y microtráfico de drogas. Según el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante de la Policía en Antioquia, gran parte de los homicidios se deben a “ajustes de cuentas y microtráfico por parte de las estructuras criminales que se disputan estas rentas”.
El panorama se agrava además por una consecuencia poco habitual: el cementerio municipal atraviesa una crisis de capacidad. Según la información oficial, el número elevado de víctimas ha dejado al municipio con escasas bóvedas disponibles para entierro, sumando presión a la comunidad y a las autoridades locales.
Los hechos ocurrieron en una región rica en producción cafetera y minera, lo que históricamente ha atraído dinámicas de rentas ilícitas que, según analistas, estarían siendo aprovechadas por organizaciones como Clan del Golfo y La Terraza (operando como “La Oficina de Andes” o “Halcones del Suroeste”).
La comunidad del corregimiento La Chaparrala —y en general del municipio de Andes— vive en creciente inquietud, ante la persistencia de hechos violentos en sus veredas, muchas veces en zonas de difícil acceso para la autoridad. Las instituciones tienen por delante el reto de identificar a los responsables, garantizar la protección de los habitantes y revertir la tendencia al alza en homicidios.
