Treinta y tres uniformados fueron liberados luego de haber sido retenidos durante casi cuatro días en la vereda Nueva York, municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare. La Defensoría del Pueblo, en coordinación con la Misión de la ONU y la OEA, mediaron con la comunidad local para lograr la liberación pacífica.
Los retenidos fueron trasladados inmediatamente a la Brigada 22 de la Cuarta División del Ejército en San José del Guaviare, donde recibieron atención médica para descartar cualquier afectación a su salud tras el secuestro. Allí, sus colegas les rindieron un homenaje: avanzaron por una calle de honor, en gesto de solidaridad y reconocimiento a su entrega y sacrificio.
Las tensiones se originaron tras combates con disidentes del Estado Mayor Central (EMC), grupo disidente de las FARC liderado por alias Iván Mordisco. Durante estos enfrentamientos, murieron hasta 11 guerrilleros, incluidas figuras clave del grupo armado. Luego de estos combates, aproximadamente 600 pobladores —según el Ejército—, posiblemente influenciados por la disidencia, rodearon a los militares y los retuvieron por unos días.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó el hecho de “ilegal” y confirmó que se presentó la denuncia penal ante la Fiscalía. Además, ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes brinden información que permita identificar y judicializar a los responsables del secuestro.
Las gestiones humanitarias involucraron instituciones como la Defensoría del Pueblo, la ONU y la OEA, lo que permitió resolver la situación sin el uso de fuerza. Esta acción consolida la estrategia de acompañamiento a comunidades afectadas por el conflicto armado en zonas remotas, en donde persiste el control de estructuras ilegales y economías ilícitas.
Las imágenes difundidas muestran a los militares en el momento de su llegada a la base, recibiendo atención y reconocimiento. Se espera que en las próximas horas sean enviados a sus hogares para reunirse con sus familias.
Este episodio refleja los continuos desafíos de seguridad en zonas rurales del país a pesar del impulso al programa de «paz total». Se reavivan cuestionamientos sobre la eficacia de la política estatal frente a la persistente influencia de disidencias, narcotráfico y minería ilegal en territorios estratégicos como Guaviare.
