Alfredo Saade, expastor y exjefe de despacho de la Presidencia de Colombia, no aceptó finalmente el cargo de embajador en Brasil, una decisión que, según fuentes de La W, no fue completamente voluntaria sino impuesta ante la falta de beneplácito desde el país receptor. Se conoció que su nombramiento se había determinado de forma apresurada y sin consultar a Brasil, lo que generó una incomodidad diplomática significativa.
El pasado viernes 15 de agosto, se publicó la hoja de vida de Saade como embajador de Colombia en Brasil, y él confirmó que “el presidente Petro me ha pedido que sea su embajador en Brasil”, con el propósito de fortalecer las relaciones en Sudamérica. Unos días después, sin embargo, Saade negó haber aceptado oficialmente el cargo, afirmando que aún estaba en negociación y que se quedaría en Colombia porque “no tenía nada que esconder” y “no soy bandido”.
Según información obtenida por La W, el verdadero motivo de su permanencia en Colombia estaría relacionado con un mensaje de la Cancillería que señalaba la ausencia de beneplácito por parte de Brasil, lo que impidió formalizar su designación. El nombramiento se habría realizado sin cumplir el debido proceso diplomático, como lo exige el protocolo al publicar una hoja de vida antes de obtener conformidad del país receptor.
Simultáneamente, la Procuraduría General de la Nación emitió el 15 de agosto una suspensión provisional por tres meses contra Saade, en ejercicio de su cargo como jefe de despacho, debido a una investigación por presunta extralimitación de funciones en el proceso del nuevo modelo de expedición de pasaportes. El ente disciplinario halló que Saade habría intervenido indebidamente, dando instrucciones directas a funcionarios de la Cancillería sobre citas y transiciones contractuales, y señalando supuestos intereses de la firma Thomas Greg & Sons.
Testimonios clave de funcionarios como el viceministro Mauricio Jaramillo, el director jurídico Camilo Escobar y la secretaria general Lucy Acevedo respaldaron estas denuncias, donde se registraron situaciones de presión y tensiones en el proceso, incluso en reuniones realizadas en la Casa de Nariño. La medida disciplinaria se habría generado precisamente para evitar que Saade, aún en su posición, interferiría en el curso de la investigación.
Expertos afirmaron que, al no haberse oficializado la renuncia o salida de Saade de su cargo presidencial, y con la resolución de suspensión lista desde el 15 de agosto, el traslado apresurado hacia la embajada podría haber sido una estrategia para evitar que la medida disciplinaria le fuera aplicada.
Finalmente, la Procuraduría explicitó que la suspensión debía hacerse efectiva y llamó al presidente Gustavo Petro a tomar las medidas pertinentes para cumplir la orden, lo cual haría incompatible su posesión formal en la embajada mientras dure la investigación.
