El Gobierno de Nicaragua negó la solicitud de extradición del exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, y le concedió asilo político. La decisión, conocida este 20 de agosto, se produjo pese a que la Fiscalía General de la Nación en Colombia lo imputó por cohecho y peculado dentro del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El gobierno nicaragüense fundamentó su decisión en la Constitución Política de ese país y en convenios internacionales sobre derechos humanos y asilo. Según el comunicado oficial, “toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos”. Además, citaron el numeral 8 del artículo respectivo, que prohíbe devolver a un extranjero a un país donde su vida o libertad personal estén en riesgo por motivos políticos, sociales o ideológicos.
El presidente Gustavo Petro reaccionó asegurando que no protege a quienes “se roban la plata” y negó que su Gobierno haya gestionado la residencia de González en Nicaragua. En un consejo de ministros el pasado 15 de agosto, el mandatario afirmó que se enteró por la prensa y que tanto la actual como la anterior canciller desconocían la decisión. Asimismo, reveló que Nicaragua no ha aprobado aún al nuevo embajador colombiano designado en ese país.
De acuerdo con la Fiscalía, González habría solicitado al entonces director de la UNGRD, Olmedo de Jesús López, la entrega de contratos por 60.000 millones de pesos al expresidente del Senado Iván Name, y otros 10.000 millones al expresidente de la Cámara Andrés Calle, con el fin de obtener respaldo político a los proyectos del Gobierno en el Congreso.
La decisión de Managua ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países y críticas en Colombia, donde se cuestiona que un exalto funcionario señalado en un caso de corrupción evite enfrentar a la justicia gracias a un beneficio de carácter político. Mientras tanto, el proceso judicial contra otros implicados en la trama de la UNGRD continúa en curso.
